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Abengoa, en el punto de mira

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La empresa mixta Elsur y su multinacional dominante con el 70% de la sociedad, el grupo Abengoa, se encuentran en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción. El relato de la Fiscalía pide sentar en el banquillo a medio centenar de personas como responsables de la trama corrupta investigada en El Ejido. Todos los intervinientes menos dos, el Ayuntamiento de El Ejido y la Agencia Tributaria, se muestran como los principales beneficiarios económicos de su relación con la empresa mixta.

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Tras más de diez años de investigación, Anticorrupción observa sin dudas que desde la constitución de Elsur, la gestión de la empresa ha sido favorable «a los intereses privados de varios grupos empresariales ajenos al interés público» y que todo ha contribuido a «esquilmar las arcas municipales» usando como «parapeto» la empresa mixta. Concretamente, el entramado corrupto habría conseguido hacerse con más de 71 millones de euros del Consistorio y habría evitado casi 29 millones de euros en impuestos.

En resumen, 50 personas han sido acusadas por Anticorrupción, se piden 1545 años de prisión a los acusados de Poniente y 362 son los delitos ocurridos en la presunta trama corrupta de El Ejido.

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Abengoa, el grupo sevillano fundado en 1941 y dedicado a soluciones tecnológicas y energías renovables, manifestó desde 1995 a través de diversas empresas que participaba en el 70% de la sociedad mixta fundada por el Consistorio ejidense para la prestación de servicios públicos, entre ellos, el suministro de agua.

El 30% restante de la sociedad de la empresa tenía su gestión cedida al Ayuntamiento de El Ejido, la cual provocó un menoscabo de fondos del Consistorio que Anticorrupción cifra en más de 31 millones de euros.

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La Fiscalía relata diversas conductas producidas por un comportamiento ilícito. La primera de ellas, la sobrefacturación mediante conceptos genéricos de apoyo a la gestión y asesoramiento, en realidad ni siquiera se habría llevado a efecto. No constan en las actuaciones que se produjeran reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos que avalen que otras empresas del grupo Abengoa habían asesorado a Elsur: «tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado», confirma Anticorrupción.

El grupo Abengoa, según el relato de la Fiscalía, «decide primero la cantidad de dinero que se va llevar y después confecciona el contrato, las facturas, los pedidos y los resúmenes para tratar de justificar las cantidades facturadas e intentar dar soporte documental a unos supuestos trabajos de apoyo a la gestión que en realidad no han existido».

Además, el grupo Abengoa no sólo se beneficiaba por la facturación de servicios que no se prestaban a Elsur y por los que el Ayuntamiento abonaba el coste a través del canon, sino que también utiliza al resto de empresas investigadas en la trama para, presuntamente, defraudar impuestos.

Elsur conseguía mediante la subcontratación y la presunta sobrefacturación por parte de empresas, reducir sus beneficios contables y, con ello, abonar un impuesto de sociedades más bajo.

Elsur habría defraudado a la Agencia Tributaria mediante estos mecanismos de las subcontratas cerca de 17 millones de euros de los que aún quedarían por abonar más de 16 millones. Anticorrupción pide sentar en el banquillo a hasta 12 personas directamente relacionadas con el grupo Abengoa, entre ellos algunos altos cargos de sociedades participadas como Befesa, Aygesur, Aygesa, Abensurasa y Elsur.

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Ana María Fernández Martín
Graduada en Periodismo por la Universidad de Granada.

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